* Se dicta auto de vinculación a proceso contra el policía Pedro Cervantes, por homicidio calificado y con agravantes.
* “Ninguna”, contestó cuatro veces cuando se le preguntó si tenía alguna versión durante la audiencia.
“¿Por qué disfrutó matarla golpe a golpe?, y además delante del niño. Ese es mi dolor más grande (...) Si traía pistola, la pudo matar de un balazo”…
Palabras más, palabras menos, cerca del llanto, así exclamó la señora María de los Ángeles Vázquez Venegas, mamá de Adriana Molina Vázquez, durante una audiencia de ampliación de término constitucional en el juicio que se sigue contra el policía Pedro Cervantes García, a quien se le imputa el homicidio de la joven de 19 años.
El sábado cuatro y durante más de tres horas, Cervantes permaneció en una sala de juicio oral, en una camilla de hospital. Como se conoce, el uno de mayo tras golpear severamente a Adriana en el departamento 5 de calle Quililla 130, en INFONAVIT Los Fresnos, brincó por una ventana desde el tercer nivel, intentando no ser detenido.
Aunque no se conoce con precisión su estado de salud, durante la audiencia la mayor parte del tiempo estuvo viendo al techo, en parpadeo normal. Al ser requerido hizo movimientos con el cuello: de su lado izquierdo había un micrófono y cuatro veces giró un poco la cabeza para responder un “ninguna”, cuando el juez del nuevo sistema de justicia Rodrigo Benítez Pérez le preguntó si tenía dudas, si quería emitir palabras. De su lado derecho estaban sus defensoras Érika Medina, Rosa Insunza y Ena Soledad Osuna, con quienes volteaba cuando recibía alguna indicación. No movía su cuerpo, sólo giraba la cabeza.
Sus manos entrelazadas a la altura de la panza, se notó algún movimiento en los dedos. De camiseta blanca y pantalón de mezclilla, eran visibles dos cinturones gruesos de la camilla a la altura de la cintura y las rodillas. Se asomaba un vendaje en el pie izquierdo, mientras que en el derecho llevaba un tenis.
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La Fiscalía General de Justicia (FGE) estuvo representada por las agentes ministeriales Cecilia Dávalos, Olimpia Rodríguez y Alejandra Sánchez; por su parte, Cristian González fungió como asesor de la señora María de los Ángeles.
La ampliación de término constitucional –solicitada el martes 31 en que se reanudó el juicio, suspendido varias semanas por el estado de salud de Cervantes- se centró en analizar si en la golpiza hacia Adriana existieron agravantes como la premeditación, la alevosía, ventaja, traición, ensañamiento, así como la misoginia, es decir, el odio hacia la mujer.
Con el nuevo sistema de justicia queda clara la importancia del debate de las partes, sus argumentos inmediatos, el conocimiento de los asuntos, pues hasta el más mínimo detalle puede resultar determinante.
La fiscal Cecilia Dávalos citó una a una las características de los hechos y de horas previas, o dictámenes de peritos para insistir en la existencia de las citadas agravantes.
Por ejemplo, se refirió a la versión de un testigo que aquella mañana escuchó el llanto de Adriana:
- ¡Espérame, Pedro, ahorita te digo cómo se llama!…
- ¿Dime quién es? –insistía él-.
La golpeó con tal magnitud –arrojándola, incluso, por las escaleras del edificio y regresándola nuevamente al departamento- que durante la práctica de la autopsia se le contabilizaron 37 lesiones exteriores. Le arrancó a mordidas parte de la oreja derecha. La desnudó.
Dávalos habló de la corpulencia de él y la complexión delgada de Adriana. De que es policía y cuenta con capacitación para someter a las personas, que portaba una pistola, que la golpiza ocurrió delante del pequeño hijo de ambos, así como de un estado de sometimiento en que Adriana vivió durante mucho tiempo, resultando embarazada siendo aún menor de edad, aunque ocurría, como sucede en el círculo de agresión en muchas parejas, que después se reconciliaban.
Se hizo referencia a un peritaje de raspado de uñas en el policía, en el que se encontró sangre de la ofendida.
La agente ministerial leyó una declaración de la mamá de Adriana, citando que las llamadas por teléfono de Pedro a su hija llegaron a ser cada cinco minutos y que en ocasiones iba al departamento para verificar que fuera cierto lo que acababa de decirle. “Era celoso”.
Ese uno de mayo, alrededor de las 01:30 de la madrugada, el policía llegó al departamento 5 buscando a Adriana. María de los Ángeles sabía que la relación había terminado unos tres meses antes.
A petición de su hija, fue ella quien le dijo que Adriana no estaba. Lo notó con estado alcohólico. Rato después, se deduce que el policía regresó porque María de los Ángeles escuchó que tocaban en una de las ventanas, a la que se alcanza sin abrir el cancel del departamento.
Ya por la mañana de ese domingo uno, María de los Ángeles abordó un taxi para dirigirse a su trabajo, y coincidentemente vio que Pedro llegaba en otro vehículo similar. No se imaginó lo que ocurriría. Fue avisada minutos después.
Mientras la agente ministerial narraba el cúmulo de pruebas, las otras dos fiscales realizaban anotaciones, proveyéndola de más argumentos. Y ello mismo acontecía en el lado de las defensoras de oficio. Hablaban entre si, preparando la intervención.
En resumen, la fiscal remarcó la existencia de que en el homicidio calificado –Adriana murió el cuatro de mayo- se produjeron agravantes que debían tomarse en cuenta al dictar la vinculación a proceso.
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Rosa Insunza encabezó los argumentos a favor del policía municipal que desde hace unos años cumplía funciones como escolta en la Fiscalía General.
Insunza basó la defensa en un dictamen pericial efectuado a las 3:30 de la tarde de ese uno de mayo a Pedro Cervantes, en el que se confirmdó que estaba ebrio.
Con base en ello, insistió que no era posible que seis horas y medio antes el policía hubiera estado consciente. “No pudo reflexionar” sobre lo que iba hacer.
La defensora señaló que al omitir referirse a ese peritaje, la agencia ministerial había faltado al “deber de lealtad” en el juicio. Recordó –tomando el dato a su favor- que desde las 01:30 horas de ese domingo, la mamá de Adriana ya se había percatado del estado de ebriedad de Cervantes.
Insunza agregó, respecto a la petición para considerar la agravante de misoginia, que no existían antecedentes, por ejemplo denuncias, para acreditar que el detenido hubiera violentado anteriormente a la hoy occisa.
Señaló que en el homicidio de una mujer no siempre existe misoginia, y criticó la cita de una segunda entrevista con la mamá de Adriana, estimando que pudo estar planeada.
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La reacción ministerial no se hizo esperar. Tan pronto como Benítez Pérez cedió el uso de la palabra, Cecilia Dávalos pidió que la defensa se condujera con respeto hacia la mamá de la víctima.
El juez aceptó el apunte y pidió que no se utilicen calificativos hacia la señora María de los Ángeles.
Dávalos precisó que no hubo deslealtad alguna porque el peritaje sobre el estado de ebriedad del sujeto no fue ocultado, sino que obra en el expediente.
Insistió que Cervantes García, aunque ebrio, tan estaba consciente de lo que hizo, que el día de los hechos fue al menos dos veces al citado departamento, que cuando arribaron los agentes aprehensores se identificó como policía, que retiró varios cristales para brincar por una ventana, o que durante la agresión “pareciera que lo hubiera disfrutado (...), la dejó “molida prácticamente a golpes”.
Adriana Molina, resumió la fiscal, vivía en un círculo vicioso de violencia: “era una mujer vulnerable, existía ese dominio”…
El asesor legal de la víctima se sumó a la postura de la fiscal. Cristian González consideró que tan consciente estuvo Cervantes, que se identificó con claves de la corporación para pretender no ser detenido.
En nuevo uso de la voz, la defensa insistió que por el estado de ebriedad de Cervantes, no se podían acreditar las agravantes.
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El juez Rodrigo Benítez declaró agotado el debate y procedió a dictar auto de vinculación a proceso, aceptando las agravantes citadas por la agencia ministerial.
Benítez habló de ese desprendimiento en una parte de la oreja de Adriana, de las lesiones en su mano izquierda que prueban el forcejeo, de las 37 lesiones en el cuerpo y de una en especial, en el cráneo, que le causó la muerte. Habló de esa situación de ventaja del agresor sobre la víctima, de que es policía y estaba armado.
Aceptó considerar la situación de misoginia por la situación de vida que ahora se conoce en torno a Adriana, que parecía ser como “propiedad” del agresor.
El juez estimó que para Adriana era difícil salir de ese círculo, enfrentar la violencia familiar e ir a denunciar. “No era fácil que ella lo denunciara” porque, además, él es policía.
Benítez no advirtió una intención desleal de la fiscal por el caso del peritaje de ebriedad, puesto que éste sí fue incorporado a la carpeta de investigación.
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Decretado el auto de vinculación a proceso con las agravantes, la fiscal Alejandra Sánchez solicitó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación. La defensa aceptó el lapso y fue concedido por el juez.
Según la agente ministerial, se buscarán recabar testimonios de más vecinos, conocer si Cervantes posee bienes para la posible reparación del daño, conocer si cuenta con denuncias penales, o bien indagar si algún vecino efectuó alguna grabación el día de los hechos o si existen cámaras de video en la zona.
“Me siento satisfecha porque le han imputado todos los cargos”, comentó en la audiencia la señora María de los Ángeles.
El juez preguntó a Pedro Cervantes si tenía alguna opinión sobre lo ahí ventilado: “ninguna” –contestó por cuarta ocasión-. El juez dio por concluida la audiencia.
Una media hora después, personal de seguridad asignados como “paramédico” y “médico”, según se lee en sus chalecos, retiraron a Cervantes en un vehículo similar a una ambulancia.
Cabe añadir que en la sala de audiencia hay 20 butacas para el público en general, pero las solicitudes de ingreso fueron mayores: incluido este reportero, había 23 personas. El juzgado dispuso otras 10 sillas.
Dos policías estatales vigilaron que nadie rompiera el orden en la sala. Uno de ellos revisó que todos los asistentes apagaran sus celulares, y es que el nuevo sistema de justicia prohíbe la toma de fotografías, videos y grabación, porque ello solamente lo realiza el juzgado con las respectivas cámaras instaladas. El otro agente permaneció de pie en todo momento, a un lado del imputado.
(Adriana Molina en una fotografía en Facebook)
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