Identifican a funcionarios de ASEN por compensación investigada

* Mientras Fiscalía y Auditoría Superior solicitaron fallo condenatorio contra ex director de Administración, defensa pidió que sea absuelto.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Con Roy Rubio Salazar como titular de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) y ahora prófugo, el juicio oral que se sigue al ex director de Administración de la misma, Ernesto “N”, por su probable intervención en delito de ejercicio indebido de funciones, continuó este martes seis de mayo con la etapa de alegatos de clausura en que la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo mismo que la representación de la ASEN, solicitaron a un Tribunal Unitario de Enjuiciamiento que dicte fallo condenatorio, mientras que la defensa particular pidió que su cliente sea absuelto.

Como ha sido informado por este reportero, el asunto se centra el 31 de mayo del 2017 en que Rubio Salazar obtuvo un millón 250 mil pesos desde la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, justificando que a través del Instituto de Coordinación Fiscal y Gasto Público se daría capacitación a aproximadamente 150 empleados de la ASEN, sin embargo el dinero fue utilizado como compensación extraordinaria para 12 funcionarios. 

El juicio ha arrojado que Roy se quedó con 150 mil pesos, mientras que a Ernesto “N” le fueron transferidos 100 mil pesos, misma cantidad que a Mariana Cecilia Gascón Álvarez, Blanca Gerardhy Licón Zea, Eulalia Salas Ayón, Édgar Ulises Velázquez Ibarra, César Alberto Bernal Orozco, Carlos Felipe Castro Castañeda, Carlos Alberto Cedano Saucedo, Juan Antonio Domínguez Castañeda, Mariel del Rocío Basulto Núñez y Marcela Covarrubias Montoya.

Según la teoría de la Fiscalía, Ernesto participó en los hechos en coautoría con Rubio Salazar y de manera dolosa.

Recordó que la entonces jefa de Recursos Financieros de la ASEN, Viridiana de Anda, testificó haber recibido indicación de Ernesto para que se distribuyera el recurso a los 12 funcionarios.

A su vez, un abogado de la Auditoría Superior comentó que debe mandarse un mensaje a la sociedad de que estas conductas no deben tolerarse.

Por su parte, el defensor consideró que hay una insuficiencia probatoria dado que, ejemplificó, no se acreditó que Ernesto fuera titular del Instituto de Coordinación Fiscal.

Agregó que tampoco se demostró con oficio de por medio que Ernesto hubiera dado indicaciones a la titular de Recursos Financieros como ésta afirmó, añadiendo que el diverso testigo Carlos Alberto Cedano mencionó que aquel 31 de mayo Roy pidió a Carlos –Felipe- Castro que dispersara la compensación.

A consideración del abogado litigante, si una testigo señala a su cliente, pero otro testigo menciona a una diversa persona, es evidente que hay una insuficiencia probatoria.

En una segunda intervención, las partes se mantuvieron en su respectiva postura, por lo que el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en una próxima audiencia dictará el fallo.

El acusado, que acude a las audiencias de manera voluntaria, en todo momento se ha reservado el derecho de declarar.