El caso ASEN: urge legislar contra mañosas compensaciones

* Habría sido imposible que Roy Rubio diera una orden por escrito, porque sabía que la compensación era ilícita, así que todo quedó de manera verbal.

La semana pasada concluyó un juicio oral relacionado con una compensación extraordinaria, materializada el 31 de mayo del 2017, para 12 funcionarios de esa época en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN).

Según fue repetido a lo largo de las audiencias, Roy Rubio Salazar, entonces titular de la ASEN y ahora prófugo, ordenó la distribución de un millón 250 mil pesos, siendo él uno de los beneficiados, cuando el dinero debía destinarse a la capacitación de aproximadamente 150 empleados.

Así, tal y como fue informado por este reportero, hasta el momento se tiene una sentencia condenatoria, de primera instancia y por lo tanto no firme, en contra de Ernesto “N”, quien al momento de los hechos fungía como director de Administración de la ASEN.

Uno de los puntos de debate del juicio, y que motiva esta opinión, es que no hay documento alguno, firmado por Roy o Ernesto, en el sentido de haber dado la indicación para dispersar el recurso a manera de compensación, sino que diversos testigos llamados al juicio identificaron a uno o al otro como los ordenadores, y que esto fue de manera verbal. 

Aquí, cabe agregar que resultaría improbable que un funcionario de menor jerarquía realizara tal maniobra si no contaba con una orden previa de un superior.

Y es entonces donde se presenta la necesidad de legislar para evitar que sigan ocurriendo estos desvíos; es decir, que haya una obligación legal de altos funcionarios de estampar su nombre y firma cuando pretendan materializar compensaciones para sí u otros funcionarios, o el pago de horas extras, viáticos, entre otros rubros, y que el asunto no quede como una orden verbal.

Seguramente no pocas pensiones de ex funcionarios estarían cargadas de compensaciones indebidas.

Pero además, con la legislación se protegería a los funcionarios de menor nivel, que son quienes materializan las operaciones y que suelen ser, también, quienes en el futuro enfrentan repercusiones administrativas y, en algunos casos, de tipo penal.

En el asunto de la ASEN, habría sido imposible que Roy Rubio diera una orden por escrito sobre la compensación extraordinaria, porque él sabía que era ilícita, así que todo quedó de manera verbal.